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Reestructuración del Poder Judicial: LEY DE PERJURIO PARA TODOS LOS PERUANOS

El perjurio es un delito que tiene una especial relevancia en el ámbito de los Tribunales de justicia y, en particular, en lo referente a su aplicación a los testigos que puedan presentarse en un juicio. Pero debe ser aplicado de igual forma a los miembros del Poder Judicial, Fiscalía y Policía.

El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad, y en el caso de que incumpliese su obligación, podría ser procesado por la vía penal. El delito de perjurio es, por tanto, una garantía a la hora de dar un mayor valor a la prueba testifical. 

Esta Ley debe ser aplicada a TODOS los peruanos sin excepción y me explico: La Ley del Perjurio, aplicada en Perú al igual para los investigados como para los Jueces, fiscales y efectivos policiales cambiaría la forma de hacerse justicia en el Peru. Ya nadie podría ser acusado sin pruebas y todos tendrían que hacer la tarea de investigar que les corresponde bajo pena de ser encarcelados por PERJURIO “si acusan con falsedades o abusan de los indicios”

Imaginen, por un momento que tienen que ir al poder judicial por un tema judicial y el fiscal recibe información de la policía (falsa) que usted es un secuestrador.  El fiscal no se ocupa de investigar sino que traslada y acusa y quizá denuncia sobre las misma falsa información que luego usted debe demostrar es una acusación equivocada en un juicio antes un juez. Nadie hizo su trabajo por tanto usted paga las consecuencias.

Tanto el Estado como el ciudadano tienen que gastar tiempo, dinero defendiéndose de acusaciones sin pruebas. Todo ello porque la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial no tienen una Ley que respalde un pronto archivo por temas infundados, y no existe una Ley que los sancione en caso de acusar con falsos cargos a un ciudadano. Esta ley beneficia al Estado, a las instituciones y al ciudadano.

Sin embargo, el ciudadano SI está obligado a decir la verdad, pues sería causal de acusación y carcel si miente. La ley se aplica para los ciudadanos pero no para los que pudieran hacer mal uso de ella.

La reestructuración del Poder Judicial, además de remover a los corruptos debe contemplar una ley que haga que los procesos sean basados en casos reales, en pruebas reales y NO en suposiciones que al final sólo traen más carga de trabajo sin ningún resultado positivo para ninguna de las partes. 

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