Administración Trump Negará Residencia o Visas a Ciertos Inmigrantes Catalogándolos de “Carga Pública”

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POR: MARÍA PEÑA 22 SEPTIEMBRE 2018

WASHINGTON – La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, adelantó este sábado el borrador de un nuevo reglamento sobre “carga pública” que de implementarse, negará la residencia permanente o visas a inmigrantes que han recibido una serie de beneficios públicos, como subsidios de vivienda, cupones de comida, “Medicaid”,  o cobertura de medicamentos bajo “Medicare”.

El nuevo reglamento, que no requiere la venia del Congreso y que la Administración Trump ha venido promoviendo durante meses, aún no ha sido publicado formalmente en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), como lo dicta la ley federal. Sin embargo, cuando se adopte, afectará a centenares de miles de inmigrantes, tanto los que ya residen en EEUU como los que desean una visa de ingreso al país.

El nuevo reglamento, que no requiere la venia del Congreso y que la Administración Trump ha venido promoviendo durante meses, aún no ha sido publicado formalmente en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), como lo dicta la ley federal. Sin embargo, cuando se adopte,  afectará a centenares de miles de inmigrantes, tanto los que ya residen en EEUU como los que desean una visa de ingreso al país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es “asegurar que quienes buscan entrar y quedarse en EEUU, de forma temporal o permanente, puedan sostenerse financieramente y no dependerán de beneficios públicos”.

En ese sentido, Nielsen dijo que la meta es promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes, proteger los recursos limitados del sistema de beneficencia pública, y evitar que los extranjeros sean una “carga” para los contribuyentes estadounidenses.

El reglamento, de 447 páginas, por ahora marcado como “no oficial”,  impedirá que extranjeros que reciban o puedan recibir ciertos beneficios públicos por encima de un umbral establecido por el gobierno, puedan hacer un ajuste migratorio o extender el período de sus visas.

Entre los afectados por la propuesta figuran quienes reciban beneficios monetarios por más de $1,821 dólares al año, o cuyo monto exceda el 15% del umbral de la pobreza; beneficios suplementarios del Seguro Social; ayuda del programa de “Asistencia Temporal para Familias Necesitadas” (TANF, en inglés); cupones de comida, subsidios de vivienda de la “sección 8”;  “Medicaid”, y personas que “puedan convertirse en carga pública”.

En algunos casos, los inmigrantes con ciertos trámites migratorios tendrían que pagar una fianza de al menos $10,000 dólares para evitar un rechazo de su solicitud de residencia permanente.  La propuesta no afectaría a refugiados o solicitantes de asilo, o a inmigrantes inscritos en las Fuerzas Armadas, ni a aquellos que han recibido ayuda pública por desastres naturales, según el DHS.

Tras un período de comentarios públicos por 60 días, el reglamento modificará sustancialmente el adoptado en mayo de 1999, que impuso restricciones para acceder a la residencia permanente a quienes solicitaban ciertos subsidios del gobierno, pero que no castigaba a quienes recibían cobertura médica u otro beneficio público no monetario.

Un peligro para la comunidad inmigrante

Grupos pro-inmigrantes y líderes demócratas del Congreso condenaron la decisión, al advertir que la medida obligará a gente pobre que depende de la ayuda pública a tener que escoger entre su sustento y la “tarjeta verde” para trabajar y permanecer legalmente en este país.

El legislador de Nueva York y demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, dijo que la propuesta es “una bofetada” para los inmigrantes legales que han obedecido las reglas y que el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso dicen apoyar.

Según Nadler, la medida es una distracción de la Administración para que los votantes olviden cómo Trump ha beneficiado a los ricos, eliminado fondos para las escuelas y pone en riesgo fondos para el Seguro Social y “Medicare”.

Grupos ultraconservadores como el “Centro para Estudios de Inmigración”, que exigen restringir aún más la inmigración legal, especialmente de gente de bajos ingresos, aplaudieron la medida, mientras activistas pro-inmigrantes han prometido luchar para evitar que entre en vigor.

La abogada Adriene Holder, de “Legal Aid Society”,  calificó la propuesta de “desalmada”, “radical” y “peligrosa”,  y revela una vez más “el profundo desdén de la Administración Trump hacia los inmigrantes y sus hijos, especialmente de minorías”.

“Si es adoptado, el reglamento creará una crisis de salud nacional que impactará a millones, e impedirá que las familias busquen cuidado médico cuando más lo necesitan”. Adriene Holder

El reglamento restringirá el acceso a ayuda de alimentos, vivienda, y otros tipos de beneficios públicos, y contraviene los valores y principios fundacionales del país, señaló.

Para el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), la medida es discriminatoria porque castiga a inmigrantes legales que soliciten la residencia permanente sobre la base de factores como su nivel de ingresos, o estatus de salud.

Federick Isasi, director ejecutivo de “Families USA”,  afirmó que las familias no deberían tener que escoger entre solicitar ayuda pública y permanecer con sus seres queridos, y esta medida “draconiana” pondrá en peligro el bienestar de niños, ancianos y sus familias,  y de las comunidades.

Si las familias rechazan atención médica por temor a perder su estatus legal, eso provocará que aumenten los costos de salud para todos, e incrementará el peligro de propagar enfermedades contagiosas, agregó.

El Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) dijo que la propuesta discrimina a la gente pobre y representa “lo peor” de Trump, cuando la Administración debería tomar en cuenta las contribuciones de los inmigrantes y no su apariencia física o el contenido de sus billeteras. 

Por su parte, la presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), Mary Kay, también advirtió de que la medida castigará a inmigrantes que necesitan ayuda para su subsistencia y tendrá consecuencias duraderas no sólo para las familias sino también para sus comunidades.

Por ello, dijo que la Administración Trump y sus aliados republicanos en el Congreso deben “hacer lo correcto” o, de lo contrario, tendrán que rendir cuentas en las urnas.

FUENTE: LA OPINION

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